En un hecho que ha generado preocupación en diversos sectores, la Cancillería de Colombia ha contratado a una empresa chilena para administrar la plataforma de votación digital destinada a conformar la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Esta decisión ha despertado alarmas sobre una posible injerencia extranjera en asuntos políticos internos de Colombia y la vulneración de la soberanía digital y electoral del país.

¿Intervención o simple contratación?

El proceso que se pretende someter a votación a través de esta plataforma no es trivial: la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones en cumplimiento de la resolución número 2996 del 25 de Abirl de 2024 emitida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo Urrutia tiene como objetivo representar a los colombianos migrantes, tanto en la creación de políticas públicas como en la interlocución con el Estado. Esta mesa influye en decisiones estratégicas que afectan a ciudadanos nacidos en Colombia y a extranjeros nacionalizados. Por lo tanto, el control del voto digital es esencial para garantizar que estas decisiones se tomen sin injerencias externas.

La empresa chilena contratada para administrar la plataforma de e-voting al parecer no tiene representación jurídica ni sede en Colombia, lo que genera una falta de control nacional sobre un proceso político clave. Esto no solo abre interrogantes sobre la legalidad del contrato, sino también sobre la seguridad de los datos y la integridad de los resultados electorales.

¿Injerencia en la soberanía digital y política?

El principio de no intervención doméstica consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2.7. establece que ningún actor extranjero puede interferir en las decisiones políticas de otro país. Aunque este principio suele referirse a Estados, el control sobre plataformas de votación implica una forma de injerencia más sutil pero no menos peligrosa. Si una empresa extranjera tiene la capacidad de administrar los votos, gestionar datos sensibles y consolidar resultados, se encuentra en una posición de influencia sobre las decisiones políticas internas de Colombia.

La administración de sistemas de voto digital por entidades extranjeras plantea varios riesgos:

• Manipulación de resultados: Sin un control transparente, es difícil garantizar que los votos emitidos reflejen la voluntad real de los participantes.
• Pérdida de soberanía digital: La gestión de datos personales y resultados de votación fuera del país compromete la autonomía tecnológica de Colombia.
• Falta de rendición de cuentas: Al no tener representación legal en Colombia, es más difícil exigir responsabilidad jurídica a la empresa chilena en caso de irregularidades.

¿Qué dice la normativa colombiana?

En Colombia, los procesos de contratación pública están regulados para garantizar transparencia y control. Las empresas extranjeras que ofrecen servicios al Estado deben registrarse en el país y cumplir con normativas fiscales y legales. En este caso, la contratación al parecer de la empresa chilena sin representación local podría ser vista como una irregularidad administrativa.

Además, la Ley 1581 de 2012 protege los datos personales de los ciudadanos, lo que plantea preguntas sobre cómo se gestionarán los datos de los votantes si la plataforma y los servidores están bajo jurisdicción extranjera. ¿Qué garantías existen de que la información será manejada de acuerdo con los estándares colombianos?

Reacciones y preocupaciones de la sociedad civil

Diversos sectores de la sociedad colombiana han expresado su preocupación por esta situación. Activistas por la democracia digital y expertos en ciberseguridad han advertido sobre los riesgos de que una empresa extranjera tenga poder sobre un proceso de votación clave. “Este tipo de decisiones pone en juego no solo la transparencia del proceso, sino también la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de participación digital”, advierte un portavoz de una organización migrante.

Además, la posibilidad de que empresas extranjeras gestionen procesos de decisión política interna abre un debate sobre la necesidad de soberanía tecnológica. En un contexto en el que los colombianos en el exterior demandan mayores garantías de participación, es esencial que los mecanismos digitales estén bajo el control de instituciones colombianas.

¿Qué alternativas existen?

Para evitar este tipo de riesgos, Colombia debería explorar alternativas tecnológicas nacionales o, al menos, garantizar que cualquier servicio digital contratado cuente con representación y control en el país. Las siguientes son algunas recomendaciones:

1. Auditoría independiente: Realizar una revisión exhaustiva del proceso para garantizar la transparencia en la contratación y la integridad del voto.
2. Soberanía digital: Desarrollar plataformas propias que garanticen el control soberano sobre los procesos de participación ciudadana.
3. Regulación estricta de plataformas extranjeras: Establecer marcos claros para la contratación de empresas extranjeras en servicios sensibles, como los de votación digital.

La contratación de una empresa chilena para administrar un proceso de votación que afecta a la participación política de los colombianos plantea serios desafíos para la soberanía y la transparencia electoral. Más allá de ser un simple acuerdo de servicios, la gestión de sistemas de voto digital es un asunto de seguridad nacional y de soberanía política.

La sociedad colombiana y sus instituciones deben revisar cuidadosamente este tipo de decisiones para garantizar que los procesos de participación ciudadana, especialmente aquellos relacionados con los colombianos migrantes, se realicen sin ningún tipo de injerencia extranjera. La democracia no solo se protege en las urnas físicas, sino también en los espacios digitales.

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