Urna Redmocracia


Cancillería aclara que no tiene acuerdos suscritos con la empresa chilena E-voting

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de su Grupo Interno de Trabajo «Colombia Nos Une», respondió recientemente a un Derecho de Petición sobre las condiciones contractuales del proceso electoral digital desarrollado para la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. En su respuesta oficial, el Ministerio hizo una declaración contundente: no existen acuerdos directos entre la Cancillería y la empresa chilena E-voting.

Contexto de la Controversia

El proceso, que fue adjudicado mediante contratación directa al contratista principal Servicios Integrales del Estado Colombiano (SIEC), incluyó la participación de la empresa Chilena E-voting en calidad de subcontratista. Esto generó dudas sobre la transparencia y la supervisión de las obligaciones contractuales en cumplimiento de la ley 80 del 1993. Diversos actores han cuestionado si se cumplieron los requisitos legales para la subcontratación y si se garantizó la protección de los datos personales de los votantes.

En su respuesta, la Cancillería afirmó «…….Finalmente, este G.I.T. aclara que no tiene acuerdos suscritos con E-voting«. Respuesta que pone en duda si existió o existe la subcontratación de la empresa Chilena E-voting o si fue autorizada directamente por el Ministerio para el tratamiento de datos personales.

Implicaciones de la Declaración

La aclaración de que no existen acuerdos suscritos con E-voting genera varias preocupaciones:

  1. Supervisión Contractual Limitada: La declaración pone en duda la capacidad de la Cancillería para monitorear y supervisar adecuadamente a los subcontratistas, especialmente cuando manejan información sensible como los datos personales de ¡Colombianos en el exterior y de extranjeros en Colombia!
  2. Cumplimiento de Normas de Protección de Datos: La ausencia de un acuerdo directo con E-voting complica la verificación de que esta empresa cumpla con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
  3. Confianza en el Proceso Electoral: La falta de claridad sobre el rol de E-voting en el contrato y la supervisión del mismo puede minar la confianza pública en los resultados del proceso electoral.

Declaraciones Clave

En la respuesta oficial, el Ministerio también remitió a los interesados al SECOP para consultar documentos relacionados con el contrato, incluyendo los estudios previos y las cláusulas de confidencialidad y manejo de datos personales. Sin embargo, las preguntas específicas sobre las actividades de E-voting y su capacidad legal fueron trasladadas al contratista SIEC, dejando un vacío en cuanto a las responsabilidades de la Cancillería.

Posibles Consecuencias

La declaración de la Cancillería podría tener repercusiones legales y administrativas:

  • Para la Cancillería: Podría enfrentar cuestionamientos por incumplimiento de su deber de supervisión y posibles investigaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría.
  • Para SIEC: La empresa contratista principal podría ser objeto de sanciones contractuales si se demuestra que subcontrató sin autorización o incumplió con las obligaciones legales.
  • Para E-voting: Si no cuenta con la autorización legal para operar en Colombia o si hubo fallas en su ejecución, podría enfrentar sanciones o restricciones en Colombia.

Reflexiones Finales

Este caso pone de manifiesto la importancia de una supervisión rigurosa y una transparencia absoluta en los procesos de contratación pública, especialmente cuando se trata de iniciativas tan sensibles como un proceso electoral. La afirmación de la Cancillería de no tener acuerdos directos con E-voting deja abierta la necesidad de esclarecer las responsabilidades de todos los actores involucrados y de reforzar los mecanismos de control para futuros contratos.

La confianza en los procesos electorales digitales depende no solo de la tecnología utilizada, sino también de la claridad en las responsabilidades y la solidez de los controles administrativos. Este caso debería servir como una lección para mejorar las prácticas de contratación y supervisión en el futuro.

Redmocracia insiste. Para mejorar la seguridad y la transparencia en futuros procesos electorales es urgente incluir un campo de texto en el formulario de inscripción a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, donde los ciudadanos aporten su número de clave pública en Blockchain. Este enfoque permite que cada voto quede vinculado de manera única y segura a su emisor, sin comprometer su anonimato, mientras facilita la verificación pública de los votos en la cadena de bloques. Además, refuerza la confianza en el sistema al ofrecer una trazabilidad transparente y resistente a manipulaciones por parte de terceros, esta sugerencia reforzaría la privacidad de todos los actores en futuros procesos.

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